La Procuración nombró ayer a Cristina Caamaño, que fue la número dos de Garré en Seguridad, para ese cargo.

El fiscal que investigó a Lázaro Báez fue suspendido el jueves por el Jurado de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal en una votación que se definió apenas por un voto. A favor de la suspensión votaron Daniel Adler (fiscal general), Rodolfo María Ojea Quintana (designado por el Senado), María Cristina Martínez Córdoba (de la Defensoría General de la Nación) y Ernesto Kreplak, funcionario del Ministerio de Justicia e integrante de La Cámpora. Esos cuatro integrantes consideraron que existía “verosimilitud en el derecho” y “peligro en la demora”. En cuanto a la urgencia para separarlo de su cargo hasta que termine el proceso, la mayoría del jurado afirmó: “Las características de las imputaciones formuladas contra el doctor Campagnoli definen un menoscabo en la autoridad del magistrado en su actuación funcional”.

La suspensión es apenas el comienzo del procedimiento. Ahora el tribunal tiene un plazo de 180 días para decidir si hay motivos para destituirlo.

Por lo pronto, Campagnoli ya tiene reemplazo. Ayer, la Procuración General designó a las fiscales Claudia Katok y Cristina Caamaño para hacerse cargo de la Fiscalía de Instrucción de los barrios de Saavedra y Núñez.

Katok es fiscal de Saavedra del fuero correccional y será la subrogante, mientras que Caamaño será coadyuvante. Esta última se desempeñaba como fiscal y con la creación del Ministerio de Seguridad había sido convocada por Nilda Garré para ser secretaria de Seguridad. Con la llegada de Berni a la cartera pasó a cumplir funciones como secretaria de Cooperación con los Poderes Judiciales. Pero la semana pasada presentó su renuncia tras la designación como ministra de María Cecilia Rodríguez. En su actuación como fiscal, Caamaño se destacó por la investigación del crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, que llevó a la cárcel al sindicalista ferroviario José Pedraza, condenado a 15 años de prisión.

La decisión de suspender a Campagnoli generó un amplio rechazo en la oposición y un debate dentro del Tribunal. En su dictamen en minoría, los tres integrantes que votaron a favor de Campagnoli, Juan Octavio Gauna (designado por la Corte Suprema), Francisco Panero (representante de FACA) y Adriana Donato (del Colegio Público de Abogados de la Ciudad), remarcaron que la Procuradora no logró probar que la suspensión era imprescindible “para garantizar la normal prestación del servicio, evitar los efectos de una conducta delictiva o impedir la obstrucción del proceso”.