10 de julio de 2018

La mañana del 26 de marzo pasado transitó para los funcionarios encargados de las estadísticas en medio del frenesí que provocan las noticias importantes cada vez que llegan a la tapa de los diarios.

Ambito Financiero había publicado detalles de una propuesta que el equipo del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, le había enviado a la Jefatura de Gabinete para reformar el Indec.

Entre otras cosas, recomendaba su reemplazo por otro organismo, algo que en el propio ente analizaron como una injerencia desmedida de la política sobre las cifras oficiales.

Con el mal recuerdo de la intervención que encabezó Guillermo Moreno todavía fresco, la información despertó la preocupación de organismos internacionales con los que la administración de Mauricio Macri está especialmente interesada en llevarse bien.


 

El caso más destacado es el de la OCDE, que agrupa a 36 de las naciones más poderosas del planeta, entre las que están Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia e Italia, una lista de la que espera formar parte la Argentina si se adapta a los requerimientos del organismo. Entre ellas, darle un marco de mayor institucionalidad a las estadísticas.

Los funcionarios de la OCDE se comunicaron casi de inmediato con el titular del Indec, Jorge Todesca, con quien venían trabajando desde hacía meses en un proyecto de reforma de las estadísticas que chocaba con la propuesta de Hacienda.


 

La respuesta de Todesca, quien no apoyaba la iniciativa de Hacienda, tampoco los tranquilizó. En un sucinto inglés, les resumió por teléfono: “Institutional failure”. Algo así como falla institucional.

Fue suficiente para que uno de los organismos más poderosos del planeta en términos económicos enviara una comitiva a la Argentina. Como en los tiempos del kirchnerismo, la Casa Rosada debió dar explicaciones por el futuro de las estadísticas en el país.


 

Según detalla el diario La Nación, en una reunión reservada que se realizó el 16 de abril en Balcarce 50, la voz del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, fue la más convincente: les garantizó a los enviados de la OCDE que ningún proyecto oficial iría en contra de las recomendaciones del organismo sobre buenas prácticas en el rubro.

Una de las líneas principales sugiere “garantizar la independencia profesional de las autoridades estadísticas nacionales”.