El magistrado que mayor poder acumuló en Salta volverá a los estrados de la Justicia Federal, pero esta vez como acusado.

El exjuez Ricardo Lona enfrenta un  juicio calificado de "histórico"

“Comienza un juicio histórico”, dijo Nora Leonard, de la Mesa de Derechos Humanos de Salta. Mañana, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta N§ 2 (TOF 2) inicia el juicio oral y público al exjuez federal Ricardo Lona en la causa en la que se lo investiga por los delitos de encubrimiento y prevaricato en relación con el secuestro y desaparición del exgobernador Miguel Ragone, el asesinato del comerciante Santiago Arredes y la tentativa de homicidio de Margarita Martínez de Leal.

El juicio número 11 de lesa humanidad, en la provincia de Salta, tiene como único imputado al exmagistrado.

Los hechos ocurrieron a las 8 de la mañana del 11 de marzo de 1976, en la ciudad de Salta, cuando secuestraron al exgobernador en la calle Del Milagro al 100, en la zona del monumento a Gemes. En ese hecho, los secuestradores, miembros del Ejército y de la Policía de Salta, mataron al comerciante e intentaron asesinar a la empleada.

El Tribunal federal está constituido por la doctora Gabriela Elisa Catalano y los doctores Juan Carlos Reynaga y Gabriel Eduardo Casas.

Los fiscales serán los doctores Carlos Martín Amad y Francisco Santiago Snopek.

La Fiscalía acusa al exmagistrado por “encubrimiento” e “incumplimiento en los deberes de funcionario”, cuya condena prevé 2 años de prisión. Se le imputa la omisión de investigar el modo, tiempo y lugar en que se produjo la desaparición del llamado “Médico del Pueblo”.

Son querellantes por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Gastón Casabella; por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, David Leiva, María José Castillo y Martín Plaza; y Matías Duarte, por la familia Ragone.

Las querellas acusan directamente a Lona de la participación en la desaparición y asesinato de Ragone. Buscan la cadena perpetua.

“Nosotros vamos a demostrar que Ricardo Lona actuó en conjunto, coordinada y sistemáticamente dentro de un plan genocida en hechos que sucedieron desde 1975 a 1977. Nunca los crímenes de lesa humanidad fueron aislados, estaban dentro de un marco general de acciones”, dijo María José Castillo.

Sucede que Lona era el único juez federal de Salta en tiempos del terrorismo de Estado. Se aclara esto porque los crímenes de lesa humanidad en Argentina comenzaron a producirse antes del golpe de Estado del 24 de marzo 1976. Y en Salta, para los familiares y querellantes, nada habría sucedido sin el conocimiento o consentimiento de Lona.

Es por eso, además, que está imputado en otras dos causas por delitos de lesa humanidad. Una es la denominada “masacre de Palomitas”, que se tramita por escrito, que está en la etapa final de los alegatos y sentencia, pero que fue paralizada por un recurso de queja de la defensa de Lona.

Hay una tercera causa, en la que se acumulan varias denuncias, a la cual llaman “residual”, que aglutina a unas 60 víctimas, que lleva más de 10 años y en la que Lona ni siquiera fue indagado. Otra vez el aparato judicial federal de Salta, en el centro de las miradas.

“Esperamos ahora que la Justicia diga cuál fue el rol de Lona dentro del plan sistemático de exterminio. Sabemos que de ser hallado culpable es muy difícil que cumpla la condena efectiva, pero queremos que haya una definición sobre su rol para que quede en la historia”, dijo Castillo.

Los ojos del mundo

Y con este juicio, los ojos del mundo estarán puestos en Salta. Ya pidieron que se transmita, por el canal del Poder Judicial, en la web www.cij.gov.ar

“Este juicio es un ejemplo para todo el mundo. Es un paso histórico y estoy emocionada”, dijo desde España, Soledad Outes, familiar de una víctima de Palomitas.

Habrá audiencia intensivas el 6 y 7 de agosto, a partir de las 8.30. Así serán todos los martes y miércoles en avenida Francisco de Gurruchaga 297, esquina con Paseo Gemes, frente al monumento al Héroe Gaucho. Como todo juicio de lesa humanidad, las audiencias son libres y abiertas al público. Se debe presentar con Documento Nacional de Identidad para poder ingresar.

Al menos 40 testigos deberán declarar por lo que, en tiempos “normales” judiciales, la sentencia debería estar para antes de fin de año, aunque nunca se sabe los últimos recursos a los que puede apelar una defensa.

f: El Tribuno